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Manifestación cívica en el Día Internacional del Niño

El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, y desde entonces cada 20 de noviembre se celebra el Día Universal de la Infancia.

Queremos llamar la atención sobre el hecho, cada vez más olvidado, de que la existencia de una serie de derechos exige la existencia previa de una serie de obligaciones. Sin embargo en los últimos años la administración y los diversos gobiernos de España (con independencia de los partidos políticos que los han sostenido) han olvidado sus obligaciones.

Así, en vez de defender el «ecosistema infantil» se han dedicado a arremeter contra él por medio de la aprobación de Leyes cada vez más alejadas de los intereses de los menores y de sus familias de procedencia, convirtiendo así el entorno de los mismos en auténticos páramos afectivos en los que los menores no encuentran asidero firme en que sujetarse.

Y es que, efectivamente, la infancia cuenta con su propio ecosistema, pues los niños nacen naturalmente de la unión de un hombre y una mujer, y ambos (padre y madre), son necesarios para su desarrollo físico, mental, afectivo y psicológico. Si el concurso de ambos progenitores no fuera necesario la naturaleza no obligaría a la necesidad de la presencia de ambos para su generación. Por ello si la administración y el poder político estuvieran interesados en defender el interés superior del menor arbitraría los mecanismos para salvar las situaciones de crisis en la pareja origen de los menores. Por eso, exigimos la extensión de procedimientos de mediación que busque, en primer lugar, sanar la relación de pareja para que el menor pueda disfrutar, en su desarrollo cotidiano, de la presencia concurrente de ambos progenitores. Solo si no es posible sanar la relación de pareja, deberá servir la mediación para buscar la mejor solución desde el punto de vista del interés de las descendencia, y esa mejor solución es (con carácter general) la custodia compartida.

El poder político se debe abstener de la imposición de la ideología política de género en todas las esferas del acontecer social. Así:

1º Los Jueces y Tribunales deberán resolver los contenciosos familiares con criterios jurídicos, y no desde los criterios ideológicos postulados por la Ideología política de género.

2º Los Servicios Sociales así como los Equipos Psicosociales deberán intervenir solo en caso de necesidad real, y siempre grabando y registrando sus intervenciones. Igualmente deberán actuar con criterios técnicocientíficos, y no por criterios ideológicos. Por ello, para garantizar su neutralidad ideológica se deberá aprobar un protocolo de actuación que debe ser público y comunicado antes de cada intervención a los miembros adultos del núcleo familiar.

3º Finalmente deben suprimirse todas las leyes de educación establecidas para la difusión de la ideología de género en los centros educativos.

Acompáñanos el Sábado 17 de Noviembre para defender los derechos de los menores.