El mito de la democracia deliberativa.

Por Carlos Mª Pérez- Roldán y Suanzes- Carpegna


Podemos decir que la democracia actual es una forma de resolver los conflictos sociales y políticos. En este artículo ni vamos a entrar en la valoración de si la democracia es la mejor forma de gobierno, ni entraremos a considerar si la democracia de partidos es el mejor cauce para solventar los conflictos de intereses que se producen en cualquier sociedad.
Nuestro único objetivo es comparar la eficacia en la resolución de conflictos entre la democracia institucionalizada por los partidos políticos, y la democracia deliberativa o democracia directa defendida por los partidos emergentes como solución de todos los conflictos sociales.
En este sentido se hace preciso realizar algunas precisiones.
La sociedad actual, como todas las sociedades que nos han antecedido en la historia, es una sociedad plural donde existen numerosos intereses contrapuestos, intereses contrapuestos que pueden estar representados por personas individuales, por colectivos concretos, por grupos de presión, por entidades profesionales, o por cualquier grupo de personas asociadas más o menos organizadamente en torno a un conjunto de ideas, o en torno a una idea concreta con respecto a un problema concreto.
Esta circunstancia nos lleve de pleno a valorar la existencia o no del llamado interés general. En este sentido nuestra posición es clara: no existe ningún interés general, en todo caso existen intereses mayoritarios que por ello deben ser tutelados para poder garantizar la paz social, pero lo que es interés general propiamente dicho no existe ni puede existir, dado que su existencia determinaría la inexistencia de conflicto y por tanto determinaría la inutilidad de arbitrar ninguna forma de resolución de un conflicto inexistente.
Por tanto como interés general debemos entender simplemente un agregado de intereses personales que en el caso de ser mayoritario no constituye per se un interés general, sino simplemente un interés mayoritario.
Con esta precisión ya estamos facultados para poder entrar en la comparación entre la democracia de partidos y la democracia directa como forma de resolución de conflictos.
 
Hasta la fecha estamos acostumbrados que los partidos políticos con representación parlamentaria sean los encargados de la resolución de los conflictos colectivos mediante la elaboración de normas jurídicas encaminadas a resolver las pretensiones enfrentadas entre colectivos o grupos de presión.
Partiendo de la suposición que dichos partidos representan los intereses de sus electores, y que dichos partidos, o algunos representantes de los mismos, están instruidos de la extensión y  profundidad de los temas debatidos (instrucción que en teoría proporcionan las comisiones creadas al efecto, los informes elaborados por expertos en la materia y las consultas a los organismos e instituciones que algo puedan aportar al debate concreto generado), se producen los debates parlamentarios entre grupos políticos que, volvemos a decir supuestamente, han invertido su tiempo en instruirse profundamente de los temas debatidos y de los pros y contras de las posibles soluciones.
Desde esta perspectiva las aritméticas parlamentarias se encargarán de tomar las decisiones oportunas (mediante la aprobación de normas jurídicas) capaces de resolver el conflicto existente. En este sentido la norma jurídica aprobado no dejara de suponer el refrendo de las tesis apoyadas por algunos y la imposición jurídica al resto de una solución que necesariamente no comparten.
Es decir la democracia de partidos no deja de ser un instrumento de imposición, tras la supuesta existencia de un debate racional. Esta imposición sólo triunfará si representa el interés mayoritario de la población (que no el interés general dado que ya hemos referido que dicho interés no existe) o si la población es los suficientemente pasiva para aguantar la imposición jurídica de una postura minoritaria.
Sin embargo la democracia participativa o democracia directa no asume como propio este sistema de resolución de conflictos, dado que según sus representantes se ha hurtado al pueblo la posibilidad de entrar directamente en el debate. Es decir, según los partidarios de la democracia directa el sistema representativo liderado por los partidos políticos no constituye un sistema de gobierno eficaz por no poder recoger directamente los intereses de los grupos en conflicto.
La democracia directa defiende por tanto una forma de deliberación en que la voz de los partidos resulta silenciada por la intervención directa de los ciudadanos, quienes a priori tienen un conocimiento directo del conflicto y por tanto están capacitados para la toma de decisiones de forma directa.
Pero estos defensores de la democracia directa tratan de esconder una realidad insoslayable: la resolución de cualquier conflicto necesariamente determina la imposición de una solución, dado que salvo que todos los intervinientes (es decir todo el pueblo en caso de decisiones que afecten al total de la población) estén de acuerdo en la solución al problema concreto planteado, siempre habrá un grupo de ciudadanos que serán sometidos al no haber triunfado sus propias tesis o sus propuestas.
Aunque la democracia directa haciendo uso de argumentos demagógicos quiera ocultar esta realidad, el hecho cierto es que cualquier sociedad se basa en la posibilidad de imposición del criterio de unos sobre otros. No es objetivo de este artículo desarrollar la idea de imposición y la configuración de la misma como forma de gobierno, siendo suficiente decir ahora que la imposición para ser lícita tiene que guardar un perfecto equilibrio entre varios elementos como es la racionalidad del criterio que se quiere imponer, el apoyo mayoritario del mismo, y el respeto intrínseco al orden natural de las cosas.
Creo que es criterio común la consideración de que la democracia solo se puede argumentar desde la existencia de un nivel de formación/información alto de los sujetos activos en la toma de decisiones, y que además es necesario que los sujetos activos supongan un porcentaje aceptable con respecto al total de la población afectada.
Estos dos problemas están teóricamente, y digo sólo teóricamente, resueltos por la democracia representativa, dado que los partidos políticos teóricamente representan a los ciudadanos que les han elegido y teóricamente poseen un nivel alto de formación/información al poder invertir su tiempo en el estudio de las diferentes propuestas contando además con la ayuda de órganos técnicos y consultivos.
Sin embargo la democracia directa, participativa y deliberativa no tiene ninguno de estos problemas resueltos ni en el nivel teórico ni en el nivel práctico, añadiendo un nuevo problema a la cuestión como es el de la dificultad de llegar a acuerdos.
 
Efectivamente, y empezando por este tercer problema, parece razonable pensar que si reconocemos la existencia de un conflicto de intereses, el incremento de la discusión política y la suma de más sujetos intervinientes no permitirá de forma fácil llegar a un acuerdo y por tanto llegar a una solución. La realidad constata que a mas elementos participativos mayor nivel de desacuerdo.
No obstante lo anterior los dos puntos débiles de la democracia deliberativa son los constituido por la formación/información y por la participación. Así, resulta evidente que cuando el conflicto planteado afecte sólo a preferencias el sistema deliberativo puede funcionar pues el ciudadano sólo tendrá que decidir sobre aquello que más le gusta o aquello que prefiere.
Pongamos un ejemplo, si al ciudadano se le proponen tres posible letras para el himno español, es evidente que la elección por mayoría de una de las letras si respondería a las expectativas del pueblo, pues el ciudadano sólo tendría que elegir aquella letra que más le colma; sin embargo cuando el conflicto planteado tiene un fuerte componente técnico la ausencia de formación/información del ciudadano hace prácticamente ineficaz su participación; así en caso de plantearse una serie de alternativas para la reducción del efecto de los gases invernadero, o en el caso de plantearse un conflicto sobre la forma de gestión de los desechos nucleares, la democracia directa se muestra completamente ineficaz.
Es un mito pensar que el ciudadano tiene el tiempo, los recursos y el conocimiento suficiente para alcanzar altos niveles de instrucción. En este sentido la democracia participativa o deliberativa estaría manifestando una vez más su profunda hipocresía, dado que el ciudadano no decidiría conforme a sus información/formación sino que decidiría en función de la confianza que tenga en cada uno de los líderes defensores de cada una de las posibles soluciones. En este sentido no se dotaría de mayor efectividad a la solución del conflicto y únicamente se reforzaría la necesidad de líderes carismáticos capaces de convencer al pueblo sin necesidad de aportar razones (es decir, se estaría apoyando la existencia de líderes populistas).
Con respecto a la participación es fácil concluir que ante conflictos  técnicos (y debido a la fuerte barrera que supone la formación cualificada en la materia de que se trate) se estaría incentivando la no participación directa de los electores en el sistema democrático, por lo que la democracia quedaría controlada por los grupos minoritarios fuertemente politizados que convertirían el gobierno de la mayoría en un gobierno de minorías altamente ideologizadas y escasamente formadas, es decir, que otra vez llagaríamos a dar carta de naturaleza a la existencia de populismos capaces de mantenerse en el poder aún sin gozar del apoyo mayoritario con el único recurso de tener aleccionada a una minoría muy activa políticamente.
No es objeto de este artículo dar solución a los problemas de representación de los actuales regímenes políticos (problemas que sólo encontrarán su solución integrando en la toma de algunas decisiones a elementos técnicos, reduciendo el campo de acción de los políticos, alejando del debate político y partidista muchas de las materias que afectan al núcleo más personal de los ciudadanos y las familias,  incluyendo algunos mecanismos de participación directa en materias de preferencias personales, y fomentando la creación de cuerpos intermedios entra la sociedad y la política) sino denunciar la falacia de la democracia directa, deliberativa o participativa como solución a todos los problemas de representación política que actualmente padecemos.
 
La solución a nuestro deficit democrático no consiste únicamente en el falaz argumento de defender la participación directa de la ciudadanía, pues en el plano practico dicho participación directa supondría la entrega del poder directamente a minorías sectarias y a élites políticas que harían de la violencia y el populismo las únicas herramientas de representación popular.
Hoy por hoy el primer paso para mejorar la representación política sería la devolución de competencias a la sociedad, excluyendo de las decisiones políticas todas aquellas materias que afectan únicamente a la esfera personal de las personas y las familias, y construir un sistema político más cercano al ciudadano mediante el fomento de las competencias locales y la reducción de las competencias nacionales y supranacionales.

¿Qué fue del voto útil?

Por Carlos Mª Pérez- Roldán y Suanzes- Carpegna


Nunca he creído en la existencia del voto útil (por ser el menos útil de los votos), pero sin duda el triunfo de la moción de censura presentada por el señor Sánchez nos da un argumento más para cuestionarlo.

Por desgracia estamos acostumbrado a que en todas las campañas electorales desde los partidos hegemónicos se cuestione el voto a otras formaciones políticas, y se afirme que votar a los partidos minoritarios es tanto como “tirar el voto”, ya que, según ellos, estas otras formaciones políticas no serán capaces de llevar adelante ningún proyecto.

Desde luego podemos compartir la idea de que votar a algunas formaciones es lo mismo que tirar el voto, ahora bien, también consideramos que es tirar el voto votar a los partidos mayoritarios.

Los partidos políticos institucionalizados, y nos referimos tanto a los grandes como a los pequeños, nos tienen acostumbrados en cada campaña electoral a la cantinela de convencernos que la representación popular que no se encuentra acomodada en el arco parlamentario no tiene ningún derecho a ser un día representada, pues según ellos la representación política no la establecen los ciudadanos a través del voto en conciencia, sino que en realidad es una situación de status quo mantenida a lo largo del tiempo por el ejercicio continuado del voto útil, tesis que hay que reconocer que ha triunfado en los últimos cuarenta años.

Y no se equivocan nuestros políticos al constatar la existencia del voto útil, y por tanto del no útil, sino que se equivocan en la catalogación de las formaciones políticas cuyo voto se convierte en inútil.

Efectivamente, la historia de la democracia occidental nos demuestra que casi todo el voto resulta inútil, debido a dos grandes mecanismos mentales de los partidos; uno es la poca importancia que otorgan a palabra dada, es decir el sistemático incumplimiento de las promesas electorales; otro es la alta porosidad de las organizaciones políticas a la corrupción y al menosprecio del contribuyente.

En este escenario cobran importancia dos acontecimientos electorales recientes. El primero es el resultada de las últimas elecciones catalanas, elecciones en las que se produjo una fuerte concentración del famoso “voto útil” en manos de Ciudadanos, una formación política que se hizo con la victoria electoral sin que hasta la fecha sepamos que beneficios nos ha deparado ese voto útil, ni los efectos prácticos que en España tiene el ganar unas elecciones.

La segunda quiebra del voto útil se produjo el pasado 1 de junio cuando el PSOE consiguió por vía parlamentaria lo que no había conseguido en las últimas elecciones generales, a saber: hacerse con un gobierno sin el apoyo de las urnas. Otra vez el voto útil, que hizo del Partido Popular la formación política ganadora de las elecciones de junio de 2016, se convirtió por arte del Reglamento del Congreso en un voto inútil.

En ambos escenarios (en el Parlamento Catalán y en el Congreso de los Diputados) el argumento es el mismo: ni el gobierno queda en manos de los partidos que recogieron el voto útil, ni la mayoría social esta representada en las cámaras, por cuanto el voto útil distorsionó notablemente la verdadera representación del sentir nacional.

Por ello es necesario ser claros al respecto: sí existe un voto útil, y es aquel que se deposita en cualquier organización política que trata de acabar con el actual sistema partitocrático, el que se deposita en aquellas organizaciones que dan importancia a la organización natural de la sociedad en familias (y después en municipios libres) y son capaces de restar poder a las organizaciones políticas, empresariales y sindicales asentadas en una organización política incapaz de defender los derechos de la sociedad y de satisfacer el bien común, e igualmente es útil aquel voto que se deposita en formaciones políticas que defienden el derecho a la vida.

El elector, si en algo se aprecia, tiene que decidir su voto no en función de la previsión de victoria de su formación política, sino en función de la capacidad de regeneración y cambio que prometa la formación política elegida; es decir, el elector ha de buscar la representación política de sus valores, creencias, e ilusiones, sin pensar si dichos valores serán o no los mayoritarios, de eso ya se encargarán los nutridos y bien pagados equipos de comunicación dependientes de los partidos del establishment.

 

Autodeterminación fiscal

“El contribuyente es ese que trabaja para el gobierno sin haber pasado una oposición”, Ronald Reagan.

 

El gobierno de Pedro Sánchez planea subidas de impuestos: subidas en el IRPF que afectarán a todos los ciudadanos, subidas en el Impuesto de Sociedades, que frenarán la creación de empleo, subida al diésel, que hundirá a las pequeñas empresas, impuestos a la banca, que pagaremos todos los ciudadanos, nuevos impuestos a las empresas tecnológicas, que pagaremos todos los consumidores, subidas de la cotizaciones a la Seguridad Social, que reportarán una importante disminución de la nómina de los trabajadores asalariados.

 

¿Pagamos pocos impuestos?

 

Según Pedro Sánchez en España se pagan pocos impuestos, sin embargo, la realidad es muy diferente, pues en todos los tramos de renta (bajas, medias y altas) el contribuyente español soporta en el IRPF una carga tributaria mucho mayor a la que encontramos en Reino Unido, Alemania o Francia:

 

Ya en el 2014 la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) advirtió de que, tras las últimas subidas de impuestos, el esfuerzo fiscal en España se sitúa en torno al 40%, el más elevado de la Eurozona.

 

Pedro Sánchez es partidario de aumentar la presión tributaria pasando del 38 % al 42 % del PIB. El líder socialista se ha quejado de que los ingresos públicos en España representan el 38% del Producto Interior Bruto, y quiere que los impuestos representen el 42 % del PIB, es decir que quiere expropiarnos a todos y cada uno de los españoles un 42 % de nuestros ingresos. Eso se llama explotación.

 

Los impuestos son algo más que el IRPF, y el IVA

 

En España actualmente existe una multitud de figuras impositivas: IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Patrimonio, IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Renta de Aduanas, el Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, el Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el Impuesto sobre la Electricidad, Impuesto sobre el Carbón, Impuesto sobre Matriculación …; a esto hay que añadir las miles de tasas – como el pago de vado permanentes en los aparcamientos, las renovaciones del DNI y el pasaporte, las tasas portuarias, la tasa de basuras …- , y las contribuciones especiales, además de las cotizaciones a la Seguridad Social que aunque técnicamente no son un impuesto, tal y como están concebidas suponer un verdadero impuesto depredador, pues más de un 35 % de la nómina que cobra cualquier ciudadano se lo lleva el Estado.

 

Concretemos. Cuanto nos robo el estado de nuestra nómina.

 

Pongamos un ejemplo. Un trabajador que ingrese 1.600 euros netos al mes, casado, con un hijo, coche y piso en propiedad, abonará un total de 15.963 euros al año para el pago de impuestos (directos e indirectos) y cotizaciones sociales, lo que equivale al 50,36% de su nómina real (31.696 euros). Es decir, trabajará para el Estado 184 días al año (hasta el 3 de julio). En concreto, destinará 3.578 euros en concepto de IRPF; 8.845 euros al año en cotizaciones sociales (la empresa abona 7.296 y el trabajador los 1.549 euros restantes); 2.147 por el IVA; 921 en Impuestos Especiales (alcohol, hidrocarburos, tabaco); y 471 en otros impuestos municipales y autonómicos (IBI, impuesto de circulación, etc.).

 

Los mileuristas no existen.

 

El sueldo más frecuente en España ronda los 1.000 euros al mes (12.000 euros netos al año divididos en doce pagas). Sin embargo, la nómina real de los mileuristas (coste laboral), antes de abonar IRPF y cotizaciones, asciende a 1.523 euros al mes (18.283 euros al año). Es decir, la empresa abona un total de 1.523 euros al mes para que un trabajador ingrese 1.001 euros limpios en su cuenta. El Estado se embolsa 522 euros de la nómina mensual de un mileurista en concepto de IRPF y cotizaciones, el 34,33% de su sueldo, y todavía algunos dicen que el empresario es único culpable de los sueldos indignos.

 

¿Todos los españoles pagamos los mismos impuestos?

 

La variable que nos permite cuantificar el peso de los impuestos en relación con la renta de los contribuyentes lleva por nombre Índice de Frank.

 

El cálculo del Índice de Frank se obtiene como el cociente entre la presión fiscal (recaudación sobre PIB) y el PIB per cápita (aproximación a la renta media de cada región), multiplicando este resultado por 1.000. Haciendo este ejercicio, el promedio nacional de España arroja resultados superiores a los observados en países como Alemania o Noruega. Y es que, del mismo modo que no es lo mismo cobrar el 20% o el 40% de sus ingresos a un madrileño que a un extremeño, tampoco es lo mismo cobrar el 20% o el 40% de sus ingresos a un alemán o un noruego que a un español.

 

Santiago Calvo ha desarrollado un cálculo del Índice de Frank para las comunidades autónomas. El promedio nacional del Índice de Frank es de 0,16 puntos, comprobándose que el mayor esfuerzo fiscal de nuestro Estado Autonómico está en Extremadura, donde el Índice de Frank arroja una nota de 0,25, muy por encima del promedio del 0,16 que se estima para el conjunto del país.  Igualmente preocupante es el 0,23 de Andalucía, que ocupa el segundo puesto, o el 0,21 y el 0,20 de Castilla-La Mancha y Murcia, tercera y cuarta en la clasificación. Por debajo de estos registros, pero por encima del promedio nacional, aparecen Asturias (0,19), Valencia (0,18), Cantabria (0,18), Galicia (0,18), Canarias (0,18), Melilla (0,18), Ceuta (0,17), Castilla y León (0,17) y Baleares (0,16), siendo la Comunidad de Madrid la que menos esfuerzo fiscal pide a sus ciudadanos.

 

En que se gasta nuestro dinero

 

Es evidente que el poder público malgasta el dinero que tanto nos cuesta ganar. El Gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas, y los Ayuntamientos no tienen reparos en aumentar su poder recaudatorio, expandiendo un gasto cada día más insoportable para el pueblo español, derrochando nuestro dinero en sus caprichos ideológicos, convirtiéndose de esta manera en gobiernos sátrapas que esquilman la riqueza de las familias.

Se podría estudiar los miles de millones malgastados en subvencionar a los partidos políticos, en subvencionar a cientos de asociaciones encargadas de difundir el odio y la falsa victimización (asociaciones defensoras de la ideología de género), o estudiar los millones malgastados en proyectos innecesarios, o derrochados en proyectos improvisados y mal gestionados, pero sin necesidad de entrar en ese estudio te ofrecemos algunos gastos para que puedas opinar ( datos obtenidos para el año 2017 de la página web https://dondevanmisimpuestos.es/politicas#view=functional&year=2017 , referentes únicamente a los gastos del Estado Nacional, no incluyendo los gastos que las diversas Comunidades Autónomas pueden realizar en similares partidas presupuestarias) :

Presidencia de Gobierno, actividad legislativa, control constitucional (y otros conceptos calificados como alta dirección) : 651.812.030 €

Acciones a favor de los inmigrantes: 312.802.760 €

Cinematografía: 84.808.660 €

Elecciones y partidos políticos: 72.149.330 €

Violencia de género: 31.728.180 €

Publicidad de normas legales: 30.585.840 €

Igualdad: 19.718.130 €

 

Y ahora te damos solo dos datos para que puedas opinar.

Frente a los 312.802.760 € que el Estado destina para acciones a favor de los inmigrantes, solo se destina 57.475.680 € en acciones a favor de los emigrantes españoles en el extranjero.

Para subvenciones al cine el Estado derrocha 84.808.660 €, y sin embargo solo dedica a enseñanzas universitarias la cantidad de 124.384.670 €.

Aquí jugamos todos. La solución de Mayoría Social.

 

Desde Mayoría Social consideramos que la situación de depredación fiscal es insostenible, y consideramos necesario poner coto a la insaciable voracidad fiscal de la partitocracia, por ello ofrecemos dos tipos de soluciones:

A corto plazo:

–          Aprobar con carácter urgente y provisional una “Ley de Autodeterminación Fiscal del Pueblo Español” en la que se permitirá a cada contribuyente elegir la Comunidad Autónoma en la que desea tributar, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia, posibilitando que cada contribuyente decida la Comunidad Autónoma en función de sus preferencias, ejercitando su libertad contributiva y facilitando entre las Comunidades Autónomas la reducción impositiva.

–          Aprobar con carácter urgente una “Ley de reducción de Subvenciones y Ayudas Públicas” que permita una drástica reducción del gasto destinado a apoyar asociaciones y organizaciones políticas y sociales que tienen como único fin la propagación de ideologías sociales y políticas. El ahorro fiscal conseguido con dicha reducción tendrá que destinarse a la reducción de la carga impositiva.

A largo plazo:

–          Elaboración de una “Carta de Libertades Fiscales del Pueblo Español” en la que se concretará el reparto social (y fiscal) del poder político, y la fijación de los grupos de interés que tendrán que ser consultados necesariamente antes de la aprobación de cualquier nuevo impuesto. Igualmente, en dicha Carta se tendrá que fijar los medios de producción de titularidad familiar, y el producto del ahorro acumulado, sobre el que se garantizará la exención fiscal de los principales impuestos. Del mismo modo en la Carta de Libertades Fiscales se fijará la forma de cálculo de la capacidad contributiva total de cada persona y familia, garantizándose un techo máximo de presión fiscal de obligado cumplimiento para la Administración General del Estado y las administraciones locales, techo máximo de presión fiscal que se reconocerá como Derecho Fundamental, estableciéndose el límite máximo de presión fiscal que puede soportar cada ciudadano individual, cada familia española, y cada empresa en consideración a su tamaño.

Nuestra campaña

 

Mayoría Social trabajará para conseguir que nuestros políticos aprueben la “Carta de Libertades Fiscales del Pueblo Español”, pero mientras conseguimos nuestro verdadero objetivo, es necesario trabajar a corto plazo, y por ello te pedimos que difundas en redes sociales nuestra campaña por la autodeterminación fiscal.

Si para la partitocracia existe la autodeterminación de lo que ellos llaman naciones históricas, y para la ideología de género es posible rebelarse contra la naturaleza mediante lo que ellos llaman la autodeterminación sexual, ¿por qué nosotros no vamos a defender la autodeterminación fiscal?

A diferencia de los nacionalistas, y de los ideólogos de género, nosotros si luchamos por la libertad del pueblo español; por la libertad de un noble pueblo esclavizado por unas leyes fiscales que tratan de destruir a la clase media, mediante la expropiación de sus bienes, y de su trabajo.

Difunde nuestra campaña en redes sociales.

 

Te recomendamos nuestro vídeo sobre la liberación fiscal.

 

Amnistía Internacional miente en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

El Centro Jurídico Tomás Moro es una Asociación adherida a Mayoría Social.


Con informes como el presentado el pasado 22 de febrero es fácil comprender el descrédito de las asociaciones internacionales más preocupadas en defender falsos dogmas ideológicos que en defender los derechos reales de las personas.

Amnistía Internacional en su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo es presa de sus prejuicios ideológicos y no percibe las fuertes restricciones a la libertad de expresión impuestas por la censura de lo políticamente correcto, y los grupos de presión feministas y homosexualistas.

El Centro Jurídico Tomás Moro considera que, en su informe, Amnistía Internacional no recoge el claro retroceso que en España están experimentando año tras año el derecho a la vida, el derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos, y el derecho a la libertad de expresión cuando el mismo implica la discrepancia con los dogmas de la acientífica ideología de género.


El pasado 22 de febrero Amnistía Internacional presentó su “Informe 2017/18. El estado de los derechos humanos en el mundo” en el que de una forma clara manipula la realidad y oculta los datos que no interesan al sesgo ideológico de la asociación internacional.

Según la citada asociación las condenas por enaltecimiento al terrorismo e incitación al odio impuestas por los Juzgados y Tribunales durante el año 2017 suponen una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión, e igualmente considera en peligro el derecho de reunión por los altercados sucedidos en Cataluña en los que los ultranacionalistas catalanes pretendieron apoyar un acto ilegal y pretendieron someter a la mayoría de la ciudadanía mediante el miedo y la extorsión; sin embargo en su informe no se recogen las amenazas al derecho a la vida, al derecho a elegir por parte de los padres la educación de sus hijos, o al derecho a la libertad religiosa y de conciencia. (más…)

Nuevo cuaderno de difusión: La hipersexualización de la infancia: un riesgo real.

Desde Mayoría Social consideramos que nuestros hijos están en peligro, pues de forma inadvertida algunos centros de poder político y mediático están fomentando, de manera activa, la hipersexualización de la infancia con objeto de acabar con su inocencia, y ello al precio de destruir su felicidad.

La Plataforma Mayoría Social lanza su primer cuaderno de difusión titulado “La hipersexualización de la infancia: un riesgo real”. (más…)

Lanzamiento de Mayoría Social

Ante la situación política actual de España nace una nueva plataforma para reconquistar nuestra libertad civil.

La plataforma cuenta con el apoyo de asociaciones civiles con el objeto de hacer valer los verdaderos principios y derechos de la sociedad española.


Es notorio que la mayoría social se encuentra distanciada de la España oficial. De hecho la administración y los partidos han tomado como regla de conducta la ofensa y represión de los sentimientos naturales más queridos por los españoles.

Poco a poco el poder ha ido ahogando la Soberanía Social, y movido por intereses espurios que durante mucho tiempo trató de mantener ocultos, está empeñado en privarnos de nuestro derecho a ser nosotros mismos.

Por desgracia los españoles hemos permanecido anestesiados durante decenios. Y así, deslumbrados por el crecimiento económico, toleramos, al principio confiadamente y después con resignación, ser desposeídos de nuestro derecho a determinar nuestro futuro. (más…)

5 millones de españoles catalanes nos necesitan

España siempre sabe responder generosamente cuando hay una desgracia en cualquier parte del mundo. Así, cuando pueblos lejanos se vieron arruinados por un terremoto o por cualquier otra inclemencia natural, los españoles supieron mandar voluntarios a las zonas afectadas y ayudar económicamente donando dinero a entidades religiosas o asociaciones de otro tipo que se encontraban en aquellos países trabajando sobre el terreno. (más…)

La secesión de Cataluña como disculpa para una reforma «constitucional» antiespañola

Por Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna


Los mismos de siempre, los partidos sedicentemente democráticos, nos quieren engañar de nuevo. Y es que el problema actual de Cataluña es más sencillo de lo que parece: algunos españoles (que dicen ser solo catalanes) han ocupado instituciones oficiales españolas (de ámbito catalán) no para secesionarla, sino para abrir un nuevo proceso constituyente para oficializar por vía constituyente un 15-M monumental que incluso pueda servir de modelo a otros países occidentales. Quieren vencer, pues, con esta tramoya secesionista, la resistencia de la mayoría social de España a que se diluya su identidad nacional. (más…)

Mayoría Social sobre el futuro pacto educativo.

En el Día Mundial del Docente y ante la actual negociación por parte de los grupos políticos con representación parlamentaria para alcanzar un pacto educativo, la Plataforma Mayoria Social se ve en la necesidad de recordar a la comunidad política que la educación es ante todo competencia de los padres y no competencia estatal. (más…)