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Contradicciones de la sociedad opulenta

Por Alberto Buela


El número determinante de la dirigencia política, económica, social y cultural de Occidente quiere que los casados se divorcien y que los curas se casen, que los niños por nacer mueran y que los inventos de probeta nazcan, que los pobres tengan todos los derechos (irrealizables)  y que los ricos tengan más dinero, que las naciones se integren en grandes grupos y que los pequeños nacionalismos se independicen, que los niños sean protegidos y que se autorice la pedofilia, que todos hablemos inglés y decimos combatir al imperialismo. Y así podemos seguir enumerando contradicción tras contradicción.

Hace ya muchos años un filósofo italiano de la talla de Augusto Del Noce afirmaba que: nuestras sociedades disponen de infinitos medios como nunca antes tuvo a mano, el problema es que tienen confundidos los fines. La dirigencia actual no sabe a donde ir, no resuelve los problemas sino en todo caso los administra, como observó otro italiano Massimo Cacciari. Vivimos en una pax apparens donde los conflictos se organizan y no se resuelven.

Hoy, desfondado el marxismo en el plano político, éste se limita a la disputa cultural: no más crucifijos en las escuelas ni en los tribunales, el uso de la burka o no, el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia, la zoofilia, la identidad de todos por igual, la inmigración irrestricta, la educación gratuita y sin exámenes, y un largo etcétera. En una palabra, el marxismo y la izquierda en general, distraen a la sociedad de sus verdaderos problemas y son funcionales al imperialismo del dinero.

Esta renuncia del marxismo a la lucha política creó un amplio espacio vacío de contenido que van llenando los nuevos actores sociales, pero que carecen de un pensamiento político propio o al menos determinado. Las agrupaciones sociales se duplican por doquier para demandar subsidios del Estado, cooperativas de trabajo que no trabajan sino que también reclaman subsidios, nuevas agrupaciones políticas conformadas por un amasijo de ideas tomadas de acá y de allá. El reclamo sustituyó a la revolución, el pueblo se transformó en público consumidor y la opinión pública en la opinión publicada.

Hoy el poder no lo detentan los Estados sino el imperialismo internacional del dinero, en palabras del Pío XII. Este imperialismo los tiene en un puño y ellos solo tienen un poder derivado o vicario. La idea de una revolución nacional ha sido descartada del discurso político, que solo nos habla de lo bien que vamos a estar, cuando en el presente estamos como la mona. Su eslogan es: estamos mal pero vamos bien. Es la zanahoria para hacer marchar al burro. Es la ñata contra el vidrio del tango de Discépolo.

Incluso en orden al pensamiento dejamos de tener pensadores con enjundia filosófica, con penetración de la inteligencia en la realidad, para caer en un pensamiento ocurrente, festivo al decir de Philippe Muray, pero sin ninguna consecuencia política. Es el pensamiento y son los pensadores del denominado progresismo.

Qué hacer. Cómo salir de esta decadencia cuya ley fundamental es que siempre se puede ser un poco más decadente. Tenemos que salir de este laberinto como lo hicieron Ícaro y Dédalo, por arriba. Tenemos que crear, tenemos que inventar nuevas instituciones (tienen que desaparecer los Bancos Centrales), nuevas representaciones (tiene que desaparecer el monopolio de los partidos políticos). Hay que mostrar certezas en esta sociedad de la incerteza. Hay que disentir con lo que nos viene impuesto ofreciendo otro sentido a lo dado.

El mito de la democracia deliberativa.

Por Carlos Mª Pérez- Roldán y Suanzes- Carpegna


Podemos decir que la democracia actual es una forma de resolver los conflictos sociales y políticos. En este artículo ni vamos a entrar en la valoración de si la democracia es la mejor forma de gobierno, ni entraremos a considerar si la democracia de partidos es el mejor cauce para solventar los conflictos de intereses que se producen en cualquier sociedad.
Nuestro único objetivo es comparar la eficacia en la resolución de conflictos entre la democracia institucionalizada por los partidos políticos, y la democracia deliberativa o democracia directa defendida por los partidos emergentes como solución de todos los conflictos sociales.
En este sentido se hace preciso realizar algunas precisiones.
La sociedad actual, como todas las sociedades que nos han antecedido en la historia, es una sociedad plural donde existen numerosos intereses contrapuestos, intereses contrapuestos que pueden estar representados por personas individuales, por colectivos concretos, por grupos de presión, por entidades profesionales, o por cualquier grupo de personas asociadas más o menos organizadamente en torno a un conjunto de ideas, o en torno a una idea concreta con respecto a un problema concreto.
Esta circunstancia nos lleve de pleno a valorar la existencia o no del llamado interés general. En este sentido nuestra posición es clara: no existe ningún interés general, en todo caso existen intereses mayoritarios que por ello deben ser tutelados para poder garantizar la paz social, pero lo que es interés general propiamente dicho no existe ni puede existir, dado que su existencia determinaría la inexistencia de conflicto y por tanto determinaría la inutilidad de arbitrar ninguna forma de resolución de un conflicto inexistente.
Por tanto como interés general debemos entender simplemente un agregado de intereses personales que en el caso de ser mayoritario no constituye per se un interés general, sino simplemente un interés mayoritario.
Con esta precisión ya estamos facultados para poder entrar en la comparación entre la democracia de partidos y la democracia directa como forma de resolución de conflictos.
 
Hasta la fecha estamos acostumbrados que los partidos políticos con representación parlamentaria sean los encargados de la resolución de los conflictos colectivos mediante la elaboración de normas jurídicas encaminadas a resolver las pretensiones enfrentadas entre colectivos o grupos de presión.
Partiendo de la suposición que dichos partidos representan los intereses de sus electores, y que dichos partidos, o algunos representantes de los mismos, están instruidos de la extensión y  profundidad de los temas debatidos (instrucción que en teoría proporcionan las comisiones creadas al efecto, los informes elaborados por expertos en la materia y las consultas a los organismos e instituciones que algo puedan aportar al debate concreto generado), se producen los debates parlamentarios entre grupos políticos que, volvemos a decir supuestamente, han invertido su tiempo en instruirse profundamente de los temas debatidos y de los pros y contras de las posibles soluciones.
Desde esta perspectiva las aritméticas parlamentarias se encargarán de tomar las decisiones oportunas (mediante la aprobación de normas jurídicas) capaces de resolver el conflicto existente. En este sentido la norma jurídica aprobado no dejara de suponer el refrendo de las tesis apoyadas por algunos y la imposición jurídica al resto de una solución que necesariamente no comparten.
Es decir la democracia de partidos no deja de ser un instrumento de imposición, tras la supuesta existencia de un debate racional. Esta imposición sólo triunfará si representa el interés mayoritario de la población (que no el interés general dado que ya hemos referido que dicho interés no existe) o si la población es los suficientemente pasiva para aguantar la imposición jurídica de una postura minoritaria.
Sin embargo la democracia participativa o democracia directa no asume como propio este sistema de resolución de conflictos, dado que según sus representantes se ha hurtado al pueblo la posibilidad de entrar directamente en el debate. Es decir, según los partidarios de la democracia directa el sistema representativo liderado por los partidos políticos no constituye un sistema de gobierno eficaz por no poder recoger directamente los intereses de los grupos en conflicto.
La democracia directa defiende por tanto una forma de deliberación en que la voz de los partidos resulta silenciada por la intervención directa de los ciudadanos, quienes a priori tienen un conocimiento directo del conflicto y por tanto están capacitados para la toma de decisiones de forma directa.
Pero estos defensores de la democracia directa tratan de esconder una realidad insoslayable: la resolución de cualquier conflicto necesariamente determina la imposición de una solución, dado que salvo que todos los intervinientes (es decir todo el pueblo en caso de decisiones que afecten al total de la población) estén de acuerdo en la solución al problema concreto planteado, siempre habrá un grupo de ciudadanos que serán sometidos al no haber triunfado sus propias tesis o sus propuestas.
Aunque la democracia directa haciendo uso de argumentos demagógicos quiera ocultar esta realidad, el hecho cierto es que cualquier sociedad se basa en la posibilidad de imposición del criterio de unos sobre otros. No es objetivo de este artículo desarrollar la idea de imposición y la configuración de la misma como forma de gobierno, siendo suficiente decir ahora que la imposición para ser lícita tiene que guardar un perfecto equilibrio entre varios elementos como es la racionalidad del criterio que se quiere imponer, el apoyo mayoritario del mismo, y el respeto intrínseco al orden natural de las cosas.
Creo que es criterio común la consideración de que la democracia solo se puede argumentar desde la existencia de un nivel de formación/información alto de los sujetos activos en la toma de decisiones, y que además es necesario que los sujetos activos supongan un porcentaje aceptable con respecto al total de la población afectada.
Estos dos problemas están teóricamente, y digo sólo teóricamente, resueltos por la democracia representativa, dado que los partidos políticos teóricamente representan a los ciudadanos que les han elegido y teóricamente poseen un nivel alto de formación/información al poder invertir su tiempo en el estudio de las diferentes propuestas contando además con la ayuda de órganos técnicos y consultivos.
Sin embargo la democracia directa, participativa y deliberativa no tiene ninguno de estos problemas resueltos ni en el nivel teórico ni en el nivel práctico, añadiendo un nuevo problema a la cuestión como es el de la dificultad de llegar a acuerdos.
 
Efectivamente, y empezando por este tercer problema, parece razonable pensar que si reconocemos la existencia de un conflicto de intereses, el incremento de la discusión política y la suma de más sujetos intervinientes no permitirá de forma fácil llegar a un acuerdo y por tanto llegar a una solución. La realidad constata que a mas elementos participativos mayor nivel de desacuerdo.
No obstante lo anterior los dos puntos débiles de la democracia deliberativa son los constituido por la formación/información y por la participación. Así, resulta evidente que cuando el conflicto planteado afecte sólo a preferencias el sistema deliberativo puede funcionar pues el ciudadano sólo tendrá que decidir sobre aquello que más le gusta o aquello que prefiere.
Pongamos un ejemplo, si al ciudadano se le proponen tres posible letras para el himno español, es evidente que la elección por mayoría de una de las letras si respondería a las expectativas del pueblo, pues el ciudadano sólo tendría que elegir aquella letra que más le colma; sin embargo cuando el conflicto planteado tiene un fuerte componente técnico la ausencia de formación/información del ciudadano hace prácticamente ineficaz su participación; así en caso de plantearse una serie de alternativas para la reducción del efecto de los gases invernadero, o en el caso de plantearse un conflicto sobre la forma de gestión de los desechos nucleares, la democracia directa se muestra completamente ineficaz.
Es un mito pensar que el ciudadano tiene el tiempo, los recursos y el conocimiento suficiente para alcanzar altos niveles de instrucción. En este sentido la democracia participativa o deliberativa estaría manifestando una vez más su profunda hipocresía, dado que el ciudadano no decidiría conforme a sus información/formación sino que decidiría en función de la confianza que tenga en cada uno de los líderes defensores de cada una de las posibles soluciones. En este sentido no se dotaría de mayor efectividad a la solución del conflicto y únicamente se reforzaría la necesidad de líderes carismáticos capaces de convencer al pueblo sin necesidad de aportar razones (es decir, se estaría apoyando la existencia de líderes populistas).
Con respecto a la participación es fácil concluir que ante conflictos  técnicos (y debido a la fuerte barrera que supone la formación cualificada en la materia de que se trate) se estaría incentivando la no participación directa de los electores en el sistema democrático, por lo que la democracia quedaría controlada por los grupos minoritarios fuertemente politizados que convertirían el gobierno de la mayoría en un gobierno de minorías altamente ideologizadas y escasamente formadas, es decir, que otra vez llagaríamos a dar carta de naturaleza a la existencia de populismos capaces de mantenerse en el poder aún sin gozar del apoyo mayoritario con el único recurso de tener aleccionada a una minoría muy activa políticamente.
No es objeto de este artículo dar solución a los problemas de representación de los actuales regímenes políticos (problemas que sólo encontrarán su solución integrando en la toma de algunas decisiones a elementos técnicos, reduciendo el campo de acción de los políticos, alejando del debate político y partidista muchas de las materias que afectan al núcleo más personal de los ciudadanos y las familias,  incluyendo algunos mecanismos de participación directa en materias de preferencias personales, y fomentando la creación de cuerpos intermedios entra la sociedad y la política) sino denunciar la falacia de la democracia directa, deliberativa o participativa como solución a todos los problemas de representación política que actualmente padecemos.
 
La solución a nuestro deficit democrático no consiste únicamente en el falaz argumento de defender la participación directa de la ciudadanía, pues en el plano practico dicho participación directa supondría la entrega del poder directamente a minorías sectarias y a élites políticas que harían de la violencia y el populismo las únicas herramientas de representación popular.
Hoy por hoy el primer paso para mejorar la representación política sería la devolución de competencias a la sociedad, excluyendo de las decisiones políticas todas aquellas materias que afectan únicamente a la esfera personal de las personas y las familias, y construir un sistema político más cercano al ciudadano mediante el fomento de las competencias locales y la reducción de las competencias nacionales y supranacionales.

¿Qué fue del voto útil?

Por Carlos Mª Pérez- Roldán y Suanzes- Carpegna


Nunca he creído en la existencia del voto útil (por ser el menos útil de los votos), pero sin duda el triunfo de la moción de censura presentada por el señor Sánchez nos da un argumento más para cuestionarlo.

Por desgracia estamos acostumbrado a que en todas las campañas electorales desde los partidos hegemónicos se cuestione el voto a otras formaciones políticas, y se afirme que votar a los partidos minoritarios es tanto como “tirar el voto”, ya que, según ellos, estas otras formaciones políticas no serán capaces de llevar adelante ningún proyecto.

Desde luego podemos compartir la idea de que votar a algunas formaciones es lo mismo que tirar el voto, ahora bien, también consideramos que es tirar el voto votar a los partidos mayoritarios.

Los partidos políticos institucionalizados, y nos referimos tanto a los grandes como a los pequeños, nos tienen acostumbrados en cada campaña electoral a la cantinela de convencernos que la representación popular que no se encuentra acomodada en el arco parlamentario no tiene ningún derecho a ser un día representada, pues según ellos la representación política no la establecen los ciudadanos a través del voto en conciencia, sino que en realidad es una situación de status quo mantenida a lo largo del tiempo por el ejercicio continuado del voto útil, tesis que hay que reconocer que ha triunfado en los últimos cuarenta años.

Y no se equivocan nuestros políticos al constatar la existencia del voto útil, y por tanto del no útil, sino que se equivocan en la catalogación de las formaciones políticas cuyo voto se convierte en inútil.

Efectivamente, la historia de la democracia occidental nos demuestra que casi todo el voto resulta inútil, debido a dos grandes mecanismos mentales de los partidos; uno es la poca importancia que otorgan a palabra dada, es decir el sistemático incumplimiento de las promesas electorales; otro es la alta porosidad de las organizaciones políticas a la corrupción y al menosprecio del contribuyente.

En este escenario cobran importancia dos acontecimientos electorales recientes. El primero es el resultada de las últimas elecciones catalanas, elecciones en las que se produjo una fuerte concentración del famoso “voto útil” en manos de Ciudadanos, una formación política que se hizo con la victoria electoral sin que hasta la fecha sepamos que beneficios nos ha deparado ese voto útil, ni los efectos prácticos que en España tiene el ganar unas elecciones.

La segunda quiebra del voto útil se produjo el pasado 1 de junio cuando el PSOE consiguió por vía parlamentaria lo que no había conseguido en las últimas elecciones generales, a saber: hacerse con un gobierno sin el apoyo de las urnas. Otra vez el voto útil, que hizo del Partido Popular la formación política ganadora de las elecciones de junio de 2016, se convirtió por arte del Reglamento del Congreso en un voto inútil.

En ambos escenarios (en el Parlamento Catalán y en el Congreso de los Diputados) el argumento es el mismo: ni el gobierno queda en manos de los partidos que recogieron el voto útil, ni la mayoría social esta representada en las cámaras, por cuanto el voto útil distorsionó notablemente la verdadera representación del sentir nacional.

Por ello es necesario ser claros al respecto: sí existe un voto útil, y es aquel que se deposita en cualquier organización política que trata de acabar con el actual sistema partitocrático, el que se deposita en aquellas organizaciones que dan importancia a la organización natural de la sociedad en familias (y después en municipios libres) y son capaces de restar poder a las organizaciones políticas, empresariales y sindicales asentadas en una organización política incapaz de defender los derechos de la sociedad y de satisfacer el bien común, e igualmente es útil aquel voto que se deposita en formaciones políticas que defienden el derecho a la vida.

El elector, si en algo se aprecia, tiene que decidir su voto no en función de la previsión de victoria de su formación política, sino en función de la capacidad de regeneración y cambio que prometa la formación política elegida; es decir, el elector ha de buscar la representación política de sus valores, creencias, e ilusiones, sin pensar si dichos valores serán o no los mayoritarios, de eso ya se encargarán los nutridos y bien pagados equipos de comunicación dependientes de los partidos del establishment.

 

La secesión de Cataluña como disculpa para una reforma «constitucional» antiespañola

Por Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna


Los mismos de siempre, los partidos sedicentemente democráticos, nos quieren engañar de nuevo. Y es que el problema actual de Cataluña es más sencillo de lo que parece: algunos españoles (que dicen ser solo catalanes) han ocupado instituciones oficiales españolas (de ámbito catalán) no para secesionarla, sino para abrir un nuevo proceso constituyente para oficializar por vía constituyente un 15-M monumental que incluso pueda servir de modelo a otros países occidentales. Quieren vencer, pues, con esta tramoya secesionista, la resistencia de la mayoría social de España a que se diluya su identidad nacional. (más…)