Defendemos nuestra identidad nacional

Somos patriotas, no nacionalistas. Sabemos que todo ser humano sano ama a su patria naturalmente, y por eso respeta las patrias ajenas. Los nacionalistas son excluyentes, pues construyen su identidad desde el rechazo a los otros, y por oposición a ellos. Los patriotas, en cambio, afirmamos positivamente nuestra identidad, y por eso no rechazamos a otros.

España no es una simple realidad geográfica. Somos la unión de diversos pueblos con tradiciones propias y tradiciones comunes. Por eso creemos en la unidad en la diversidad, que se funda en el respeto a las tradiciones y lenguas propias (que son también lenguas españolas). No obstante, nos manifestamos en contra de la instrumentalización política de estas diversidades para desunir.

Igualmente España no lo es todo, pues somos parte de otras dos realidades culturales y políticas que debemos amar y a las que debemos servir: Europa y la Hispanidad.

Defendemos una Europa muy diferente a la que entienden los tecnócratas de Bruselas. Nos manifestamos a favor de aquella antigua Europa defensora de las comunidades sociales libres y en la que no se enseñoreaba de todos los resortes políticos y sociales el economicismo y el mercantilismo.

En cuanto a la Hispanidad, defendemos el renacimiento de una auténtica Comunidad Hispánica, reducto último de la auténtica herencia europea, aquella que daba primicia a la verdad, la justicia y la caridad, y que creía que el hombre era algo más que economía. Por eso creemos en la unión de España y Portugal, que junto al resto de pueblos marcados por la impronta hispánica (ya en América, ya en Europa, ya en Asía o África), deben marcar el rumbo de nuestro futuro.

Defendemos nuestra identidad personal de hombre y mujer

El ser humano es hombre o es mujer, pues no existe más realidad biológica ni cromosómica. Y el hombre y la mujer son iguales en dignidad y derechos  y distintos en todo lo demás. Por ello defendemos la realidad natural y antropológica del ser humano, manifestándonos en contra de la totalitaria ideología política de género que nos quieren imponer desde todos los ámbitos.

Es evidente que la normalidad no puede ser patológica, y por eso es criminal la heterofobia que se practica desde todos los centros de poder político, y que además se alimenta de nuestros impuestos.

Defendemos nuestra identidad religiosa

Creemos firmemente en la libertad humana, y por tanto consideramos radicalmente injusta la imposición individual de cualquier religión o idea religiosa. Por eso nos oponemos al laicismo, que saltándose tal barrera impone a la sociedad su religión negativa, pretendiendo desterrar cualquier vestigio religioso que recuerde que, efectivamente, el ser humano tiene una natural vocación trascendente.

No obstante, la no imposición individual de una fe concreta no impide la adhesión pública y el respeto a la religión católica, que además ha sido multisecularmente la que informó nuestras leyes y moral pública. Por tanto habrá que respetar tal identidad no siendo de recibo que desde los poderes públicos se ataque gratuitamente a la misma y se la pretenda apartar de la educación, mientras, en cambio, el poder político favorece (por acción o por inacción) todo tipo de agresividades laicistas, mientras, por otra parte pretenden hacer pasar como una religión de concordia las falsas creencias islámicas.

Occidente está siendo atacado por un enemigo, el Islam, que utiliza su ascendiente espiritual para fanatizar a sus seguidores. Por eso, tenemos que ser conscientes que a un enemigo que utiliza como principal arma la espiritualidad (aún falsa) no se le puede contrarrestar con simple materialismo. Venceros si somos capaces de entender que su falsa espiritualidad solo se vence con una espiritualidad verdadera.

Defensa de la dignidad del ser humano

Por eso no toleramos la negación de los derechos naturales de nadie.

Por eso, nos manifestamos en contra del aborto, que niega el derecho del nasciturus a ser reconocido como un ser humano digno y distinto a todos los demás, y que por tanto exige la protección del derecho para garantizar su derecho a la vida. Igualmente, la vida debe ser protegida hasta su terminación natural.

Por eso nos mostramos igualmente en contra de la inmigración económica forzada y masiva. Y es que todo ser humano tiene derecho a vivir en su tierra. No es de justicia las apelaciones que se hacen a favor de la inmigración. Y es que el favorecimiento de la misma solo tiene por objeto atraer migrantes, que dolorosamente sufren el desarraigo de su tierra, con la finalidad de privar a sus países de origen de una población joven y decidida que pueda contribuir a sacar a su pueblo de la postración en la que viven. Tal población es traída a España, por lo demás, con la doble finalidad de poder aumentar los beneficios empresariales – al poderles pagar unos sueldos más bajo que aquellos que los españoles aceptarían-, y de poder borrar nuestra identidad.

Por eso, las proclamas a favor de la inmigración ocultan la falta de respeto a la dignidad del migrante, que es utilizado como instrumento para impedir el progreso de su patria de origen y poder rebajar las condiciones laborales y la identidad nacional de la nación de destino.

Defendemos la economía distributiva

El ser humano trabaja para vivir, y no vive para trabajar. Y el ser humano nace y crece en una familia y en una comunidad humana natural. Por eso la economía debe tener una perspectiva humana, centrada en la familia y en las comunidades humanas naturales, de forma tal que el protagonista principal debe ser el ciudadano inserto en estas realidades naturales.

Por eso, frente a la «nacionalización de la economía», proponemos la «socialización» de la misma. Por eso frente a las privatizaciones y frente a las nacionalizaciones propugnamos la socialización.

Queremos, por eso, la máxima reducción de las empresas públicas, del mismo modo que creemos deben primar las empresas familiares y sociales y de pequeños y medianos propietarios sobre las grandes multinacionales, que solo en algunos supuestos cumplen un fin lícito.

Y por todo ello, defendemos la propiedad privada como fundamento de la libertad civil, de forma tal que debe extenderse a toda la población, permitiendo la participación de todos los trabajadores en los beneficios, si bien respetando siempre que la capacidad de iniciativa y ahorro tiene un lugar privilegiado en cualquier sistema justamente establecido.

Las empresas deben crear riqueza, y no beneficios contables, y la riqueza deber regar a la sociedad entera. Por eso se debe premiar la iniciativa y la creación de auténtica riqueza, y no castigar al emprendedor con cargas abusivas.

Defendemos la libertad educativa

Consideramos que la educación es ante todo competencia de los padres y no competencia estatal.

Es notorio que muchos de los problemas por los que está atravesando la sociedad española (conflictividad social, exacerbación nacionalista, desempleo, individualismo, crisis moral y de valores …) encuentran su raíz en un deficiente y errático sistema educativo que ha sufrido continuas y frustradas reformas incapaces de fomentar en los alumnos las competencias humanas y técnicas necesarias para un libre desarrollo integral de nuestros menores.

Muchos de los errores educativos vienen determinados por la profunda politización e ideologización de la educación en los últimos 40 años. Efectivamente todas las leyes educativas dictadas desde la Ley General de 1970 han olvidado que la educación es un derecho y obligación natural de los padres, y no un derecho del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Por ello sólo será posible un pacto educativo fructífero y permanente si la libertad educativa de los padres y de los centros educativos se convierta en la piedra angular del sistema.

Cada día resulta más evidente a la sociedad española que el fallo fundamental de la educación ha sido dejar la misma en manos de organizaciones políticas, que han convertido a los padres y alumnos en rehenes de ideologías no compartidas por la mayoría de la sociedad (nacionalismo, ideología de género, ideología LGTBi, ideologías revisionista de nuestra historia…), por lo que es necesario devolver la educación a sus naturales agentes (padres, alumnos, centros y docentes).

Es inconcebible que actualmente no se respete el derecho de los padres para elegir la lengua en la que sus hijos han de ser educados, no se respete el derecho de los padres para determinar la formación religiosa de sus hijos, y no se respete el inalienable derecho de los padres a escoger con plena libertad el centro educativo más adaptados a sus necesidades y preferencias.

Por todo ello abogamos por el cumplimiento en el futuro pacto educativo de los siguientes principios:

-La libertad absoluta de los padres para elegir el tipo de formación moral de sus hijos y la libertad de los padres para seleccionar los contenidos de las materias impartidas evitando en el currículo escolar todas aquellas materias y contenidos de alto contenido ideológico (ideología de género, imposición LGTBi, contenidos nacionalistas o xenófobos …)

-El reconocimiento explícito de los padres, alumnos, profesores y centros escolares como los únicos sujetos activos en el mundo educativo, apartando a los partidos políticos y sindicatos del mundo docente.

-Consagración de la libertad absoluta de elección del centro, siendo necesaria la coexistencia de centro públicos, privados y concertados, dado que la importancia de la educación obliga a evitar la existencia de monopolios educativos (sean monopolios estatales, de organizaciones o de empresas). Si bien, se deberá acabar imponiendo el cheque escolar, que permite una mejor asignación de medios y una mayor libertad de elección.

-Mejora en la formación del profesoradomayor inversión económica en los centros públicos y concertados.

-Implantación de pruebas objetivas y uniformesen todo el territorio español con el objeto de comprobar el nivel educativo y facilitar la detección de problemas.

-Elaboración de calendarios escolares que permitan la conciliación familiar, instaurándose el inicio de los calendarios escolares en el primer día hábil de septiembre y el fin de los mismo en el último día hábil del mes de junio, evitando que los centros escolares (de titularidad pública o privada) hagan puentes aprovechando los días festivos.

-Unificación de criterios docentes entre las diferentes Comunidades Autónomas para facilitar la movilidad geográfica de los alumnos.

-La implantación de un currículo básico elemental con el objeto de reforzar las tres principales misiones de la educación: aprender, reflexionar y la adquisición de una cultura básica elemental, evitándose la dispersión curricular y la creación de asignaturas sin contenido real. Y todo ello sin olvidara que el fin de la educación es llevar al educando a la virtud, que es la expresión por excelencia de las virtudes ciudadanas.

-Evitar la separación traumática de la educación primaria y secundaria fomentando la integración entre los colegios y los institutos (integración física y docente).

Consideramos que en materia educativa es necesario trabajar para lograr un pacto social en lugar de un pacto político bajo el único lema de “libertad para elegir, libertad para enseñar, libertad para aprender, libertad para pensar”, siendo necesario la menor intromisión posible de los poderes públicos en materia educativo cumpliéndose el principio elemental en las sociedades libres de “más sociedad, menos estado”.

Defendemos la familia

Consideramos que la familia es el centro de toda sociedad.

Consideramos que defendiendo a la familia estamos dando todas las luchas importantes a la vez: la lucha por la vida, la lucha frente a las leyes de género, la lucha frente al adoctrinamiento, la lucha frente a un derecho de familia que se ha convertido en la maquinaria más destructiva de la familia. Habrá que replantearse los efectos nocivos de la mentalidad divorcista que ha conquistado todos los resortes de la sociedad. Y es que si bien es verdad que no podemos hacer abstracción del estado ético y moral actual de nuestra sociedad, también es verdad que no pueden seguir ocultándose los enormes daños colaterales que el divorcio y las rupturas de parejas con hijos causa. Si la sociedad es consciente de estos daños, probablemente empezará a compartir que la institución matrimonial es una institución social básica que hay que proteger. Y es que no es posible una vida individual y familiar pacífica cuando la precariedad familiar se ha extendido por todas las capas sociales.

Consideramos que es necesario llevar a la calle nuestras justas aspiraciones y forzar a la opinión pública a denunciar la mordaza con la que algunos quieren atenazar la libertad de las familias.

La familia cumple además con 10 funciones básicas en nuestra sociedad:

-La familia es un bien para la persona. 

-La familia es un antídoto contra el individualismo y la soledad crónica. 

-La familia es el ambiente propicio para el desarrollo personal. 

-La familia es transmisora de la vida de cada ser humano. 

-La familia es educadora de virtudes y valores. 

-La familia es el primer y mejor centro de educación. 

-La familia es garantía de solidaridad intergeneracional. 

-La familia es un colchón de amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, crisis económicas, crisis familiares, las enfermedades, la dependencia, etc. 

-La familia es el pilar básico del sistema económico. 

-La familia es forjadora de cohesión social.

Por todo ellos consideramos que se tiene que otorgar representación política a la célula básica de la sociedad: la familia.

Es necesario recordar que el sufragio familiar es el único tipo de sufragio que garantiza que la representación electoral sea realmente universal, pues asigna uno o más votos supletorios a los padres de familia en relación al número de hijos.

Dicho voto familiar no sólo permitiría mejorar la representatividad de toda la sociedad, sino que implicaría un compromiso por parte de los partidos políticos en la defensa de la familia como núcleo social sin el que es imposible construir una sociedad en libertad e igualdad.

Es necesario que nuestros representantes políticos superen antiguos conceptos individualistas para desarrollar representaciones políticas más ricas y plurales en las que todos los miembros de la sociedad independientemente de su sexo, edad o condición se sientan representados.

Es patente que la “unidad familiar” es así considerada a efectos civiles, fiscales, censales ,etc., pero es igualmente patente que la familia y la unidad familiar están huérfanas de representación política al no tener una voz propia. No deja de ser una falla democrática que las normas legales hagan recaer en los padres la responsabilidad de los actos de los menores y sin embargo no pueden decidir sobre normas que no sólo marcarán su futuro, sino que marcan su propio presente.

Es necesario que nuestros representantes políticos avancen en la concesión de derechos a favor de la “unidad familiar” reconociendo en este sentido el esfuerzo que las familias han realizado y siguen realizando para paliar los déficit del estado de bienestar, pues la actual crisis económica habría precipitado a miles de ciudadanos a la pobreza extrema si no hubieran sido asistidos por sus propias familias.

Resulta evidente que cualquier ciudadano con derecho a voto ha nacido, se ha criado y se ha formado como ciudadano en una familia, por lo que resulta necesario dotar a la familia de la representatividad política de la que actualmente carece.

Si queremos un sistema político avanzado no podemos seguir dando la espalda a la familia, siendo necesario avanzar en legislaciones protectoras de los derechos de la familia y en legislaciones que asuman como necesaria la perspectiva de familia en su planteamientos y desarrollos.

Igualmente, habrá de reintroducirse en nuestro derecho el patrimonio familiar básico como conjunto de bienes indispensables para el sustento familiar que quede al margen de posible trabas o embargos por deudas económicas.

Defendemos la soberanía social

La auténtica libertad, en contra de lo que sostienen algunos, no se funda en la división de los tres poderes clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial (que por cierto no existe en España). Y es que puede darse esta división y no haber libertad. Y es que la auténtica defensa de la libertad consiste en reconocer una realidad hoy ignorada: la Soberanía Social.

La soberanía social la constituye el derecho inalienable de los individuos, las familias, los colegios y universidades, los municipios, de las regiones y de todas las agrupaciones sociales de gobernarse sin injerencias del poder político. Y es que precisamente la Soberanía política tiene su origen en esta previa soberanía social, por lo que debe respetarla.

Por eso, no es de recibo que las Administraciones y los políticos que las controlan se arroguen para sí las competencias educativas, siendo ellos los que determinen lo que debe enseñarse en las escuelas. Del mismo modo que son radicalmente injustas todas las leyes que busca convertir la familia en campo de combate. Cuando la soberanía política se desborda y pretende entrar en nuestros hogares, e invadir la educación, y controlar los municipios y las corporaciones profesionales, se instaura una auténtica dictadura.

Por tanto el Estado se debe abstener de hacer lo que pueda hacer la sociedad por sí misma.

Defendemos una sociedad sin excluidos

La justificación última de la política es la garantía de la libertad de todos y –de forma complementaria y al mismo nivel- el esfuerzo solidario de toda la comunidad (tanto política como social) porque nadie quede abandonado y excluido de la máxima prosperidad posible.

Desde Mayoría Social defendemos el impulso de  políticas públicas centradas en las personas, con prioridad siempre al apoyo a quienes no pueden valerse por sí mismos: ni jóvenes marginados crónicamente del mercado laboral, ni pensionistas en la miseria, ni embarazadas abocadas al aborto por falta de apoyos para ser madres, ni desahucios  injustos, ni pobreza energética, ni discriminación de los discapacitados en el mercado laboral, y, lo que es peor, de la vida social, entre otros.

Igualmente defendemos la participación en la vida política y social de todas aquellas personas que han sido rechazadas por el sistema por sus ideas contrarias a los dogmas de lo políticamente correcto.

Defendemos el mundo rural, y también el urbano

En la actualidad el entorno rural en España sufre tres principales problemas: la despoblación, el abandono de las instituciones y el envejecimiento. Más de 4.000 municipios españoles están en riego de desaparición.

El 60% de los municipios españoles tenía a 1 de enero de 2016 menos de 1.000 habitantes, ocupaba el 40% de la superficie y apenas concentraba el 3,1% de la población.

El abandono de las actividades agrícolas, ganaderas y agroalimentarias, las políticas en contra de lo rural y a favor de las grandes ciudades y la minusvaloración de las áreas rurales en contraposición con las áreas urbanas son las principales causas de despoblación.

Sin embargo el entorno rural es capaz de aportar a España valor añadido ya que en los pueblos se conserva la esencia de la españolidad por ser más débil la intromisión de los partidos políticos. Su cercanía a la naturaleza, su respeto a las leyes naturales y la especial relación social entre los vecinos permiten tener confianza en que apostar por el mundo rural es apostar por una España mejor.

Consideramos que es necesario organizar la ruralidad en núcleos viables contando con población joven y formada, realizar una correcta adecuación entre el tejido productivo y la población activa en el mundo rural, mejorar la financiación de la educación en entornos rurales, potenciar la agricultura y la ganadería responsable y sostenible, potenciando el establecimiento de la industria agroalimentaria de calidad cerca de los núcleos rurales, y mejorar las infraestructuras de comunicación y transporte fomentando el teletrabajo.

Hemos de ser capaces de ensalzar las virtudes del mundo rural para favorecer una alternativa real de vida frente a la aglomeración urbana.

No es posible continuar como hasta ahora, determinando la política desde las grandes ciudades con olvido total del mundo rural, muchas veces despreciado incluso en medios de comunicación de titularidad pública. Frente a la pretensión de algunos de suprimir municipios por la vía de la reagrupación, nos pronunciamos por revitalizar todos los municipios, entregando suelo público a jóvenes parejas para que formen familias, y facilitando a pequeñas y medianas empresas solares en los que radicar su actividad.

Debe priorizarse la inversión pública en zonas rurales antes que en zonas urbanas, que cuentan con una mayor posibilidad de inversión privada.